EL TRIBUNAL SUPREMO ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DE VEIASA CONTRA EL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY DE METROLOGÍA

• Sigue la línea del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Andalucía contra la nueva Ley de Metrología

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-administrativo interpuesto por la empresa pública de la Junta de Andalucía, Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA), adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, contra el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre de Metrología, norma que fue publicada en el BOE el pasado 7 de junio de 2016, según consta en una Diligencia de Ordenación notificada.

La admisión a trámite de este Recurso Contencioso-administrativo no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, sobre el que el Tribunal Supremo se manifestará en ulterior sentencia, sino que el mismo cumple los requisitos formales que establece la Ley para continuar con su tramitación.

En la misma también se recoge que el Tribunal acuerda dar traslado del Recurso a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada por VEIASA, consistente en la suspensión de los artículos 52.2 y 57 de la norma, en la medida en que estos preceptos establecen que "cualquier Administración Pública competente puede designar organismos notificados para realizar las actividades en el ámbito del control metrológico del Estado y con validez y eficacia en todo el territorio nacional", introduciendo una muy importante modificación en el modelo de organización del control metrológico.

La interposición de dicho Recurso por parte de VEIASA va en la línea del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Andalucía contra la Ley 32/2014, de 22 de diciembre de Metrología, en base a la Proposición no de Ley aprobada el 15 de octubre de 2015 por la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento de Andalucía relativa a la defensa de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de control metrológico y su gestión pública, por entender que en la misma, cuando se determina el régimen de autorización administrativa como único régimen de prestación del servicio de control metrológico posible en el territorio español, se vulneran competencias de las Comunidades Autónomas.

No obstante, los argumentos que se alegan en el Recurso contra el Reglamento que desarrolla la Ley de Metrología se centran en la imposibilidad de que un gobierno en funciones apruebe este tipo de norma sin causa legal que lo justifique.